Campaña por legalización de marihuana alcanza punto clave

Muchos estados de Estados Unidos ya adoptaron leyes para despenalizar la posesión de marihuana o legalizar su consumo con fines médicos. Pero particularmente en las últimas semanas, la campaña a favor de la liberalización del cannabis alcanzó un punto álgido.

Connecticut (noreste) legalizó el consumo de marihuana el 1 de este mes, convirtiéndose en el estado número 17 en hacerlo, además del Distrito de Columbia. 

El 12 de este mes, el gobierno del estado de Washington (noroeste) anunció que cuatro dispensarios podrían distribuir cannabis con fines médicos. El uso de esa sustancia con ese destino ya era legal, pero la designación de lugares oficiales para su comercialización fue algo nuevo. 

Tres días después, Rhode Island (noreste) despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana. 

También a comienzos de junio, el gobernador de Nueva York (noreste) anunció su apoyo a la despenalización del consumo de marihuana a la vista pública (en el ámbito privado no es considerado una violación penal, sino una infracción que solo recibe una multa). 

En Illinois (centro) y Nuevo Hampshire (noreste) se discuten legislaciones de despenalización, mientras que en Colorado (centro) y Washington hay iniciativas de consulta popular, y en otros estados se juntan firmas para referendos similares. 

La campaña “28 para 2014”, del Proyecto de Políticas sobre Marihuana (MPP, por sus siglas en inglés), busca legalizar el uso médico de esa sustancia en la mayoría de los 50 estados para ese año. 

“Para la marihuana terapéutica, creo que las perspectivas son muy buenas”, dijo a IPS el jefe de comunicaciones del MPP, Morgan Fox. 

“Si hay la misma actividad el año próximo, no creo que sea para nada difícil hablar de 28 estados para 2014”, añadió. 

Fox señaló que había importantes diferencias entre las leyes sobre el uso clínico del cannabis y las que proponen su despenalización total. 

“La despenalización es muy, muy diferente de la ley de marihuana terapéutica, en la que hay un sistema regulado para proveérsela a los pacientes”, explicó. 

“La despenalización no tiene que ver con el suministro, solo se refiere a (permitir) una pequeña posesión. No afecta el mercado”, agregó. 

Colorado y Washington, que ya tienen leyes sobre marihuana con fines clínicos y de despenalización de pequeñas cantidades, ahora consideran legislaciones que den un paso más allá, gravando con impuestos a esa sustancia como se hace con el alcohol y el tabaco, de forma que pueda ser vendida en negocios públicos. 

“Hemos alcanzado un punto clave. Más de la mitad de los estadounidenses creen que la marihuana debería ser manejada de la misma forma que el alcohol o el tabaco. Al regularla, podremos asegurar que los criminales no controlen el mercado”, señaló Fox. 

De hecho, encuestas realizadas por las consultoras Gallup y Rasmussen concluyeron que una mayoría de residentes en Estados Unidos apoyan la tributación y la regulación de la marihuana. 

Un tercio de la población estadounidense actualmente vive en algún estado donde es legal esa sustancia con fines médicos. 

La asamblea legislativa de Nuevo Hampshire aprobó el uso de la marihuana con propósitos médicos, aunque la ley fue vetada a comienzos de este mes por el gobernador John Lynch, del oficialista Partido Demócrata. 

Activistas ahora intentan convencer a otros dos senadores estaduales, con los que se podría anular el veto. 

Para la representante nacional demócrata Evalyn Merrick, de Nuevo Hampshire, se trata de algo más que un asunto político. La congresista sufre un tipo de cáncer a la sangre llamado mieloma múltiple, y le reconoce a la marihuana el haber salvado su vida. 

“Me dieron poco tiempo de vida si no me sometía a un transplante de médula ósea”, dijo a IPS. 

“Recibí quimioterapia por tres meses en preparación al transplante”, contó. “Fue muy intensa, y el transplante exitoso. Pero el impacto fue grande en mi sistema digestivo. No podía comer. Comencé a agonizar de hambre. No podía comer ni beber”. 

Un amigo de su familia sugirió que Merrick intentara fumar marihuana para estimular su apetito, ya que los medicamentos tradicionales no estaban funcionando. 

“Mi esposo (que es médico) tenía todo para perder al introducir marihuana en nuestro hogar. En 10 minutos, fue casi instantáneo, pedí para beber algo”, dijo. 

“Es tiempo de dejar de negarle a los ciudadanos lo que yo y otras personas consideramos un medicamento que salva vidas. Tenemos que reconocer su valor médico”, subrayó. 

“Tenemos que ser capaces de hacerla disponible. Debemos ver más allá de los temas políticos porque, honestamente, siento que ya no se trata de una polémica científica. Creo que es, de manera inapropiada, una controversia política”, agregó.

 
* Texto por Matthey Cardinale/ ATLANTA, Estados Unidos/ Junio 2012 (IPS)

Desconfianza en industria extractiva peruana

Perú recibió la certificación de país cumplidor de las exigencias de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Sin embargo, estos esfuerzos aún no parecen suficientes para aquietar los reclamos de la población de las zonas mineras y petroleras.

Con la participación de unos 60 delegados de diversos países, el Consejo Internacional de EITI (según sus siglas en inglés) sesionó por primera vez en Lima, el miércoles 27 y este jueves 28, para evaluar la ampliación de exigencias debido a que la explotación de los recursos naturales aún genera desconfianza y no se traduce en desarrollo sostenible.

Las sesiones estuvieron signadas por largos debates entre representantes del gobierno de Ollanta Humala, las empresas, la sociedad civil y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

América Latina es la región que tiene menos gobiernos que participan en EITI, pero se espera que cada vez más países se sumen a esta iniciativa. Colombia ya anunció su interés en unirse a este esfuerzo, mientras que Guatemala, Estados Unidos y Trinidad y Tobago ya trabajan para concretar su participación.

En cualquier caso, la mayoría coincide en que se necesita dar nuevos pasos para conseguir que la transparencia tenga algún impacto en la vida de la gente.

“No podemos seguir informando sólo sobre la transparencia en la renta, sino que la gente necesita saber cómo se distribuyen y ejecutan los recursos”, señaló a IPS el economista Epifanio Baca, directivo del Grupo Propuesta Ciudadana, miembro del Consejo Internacional de EITI y representantes de organizaciones de sociedad civil ante la Comisión de Perú de esta entidad.

“Rendir cuentas sobre la calidad del gasto es fundamental porque tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de estas personas”, apuntó.

La EITI es un esfuerzo global que desde 2002 busca que las empresas de las actividades extractivas publiquen la información sobre sus pagos tributarios y no tributarios a los estados y de esta forma evitar la corrupción.

Actualmente, 35 países se han sumado a esta iniciativa y 14 de ellos obtuvieron la certificación de cumplidor en materia de transparencia, entre ellos Perú, hasta comienzos de este año.

Pero los esfuerzos de transparencia aún no han permitido aquietar el descontento de los pueblos de las zonas donde se extraen los recursos, tal como reconoció el presidente de Perú, Ollanta Humala, el martes 26 en el foro “Gobierno Abierto y Transparencia de las Industrias Extractivas en América Latina y el Caribe”, que sirvió de antesala a las sesiones del Consejo de EITI.

“No es suficiente todavía para sacar las grietas, las fracturas que tenemos desde que somos República. Necesitamos hacer más”, dijo Humala.

En los últimos años Perú ha vivido en un escenario social convulsionado. Durante el gobierno anterior, de Alan García (2006- 2011), los conflictos sociales se dispararon para pasar de sumar 82 en junio de 2006 a 217 en el mismo mes de 2011.

La mayoría de los conflictos son socioambientales y tienen un alto costo social: cerca de 200 personas murieron y más de 2.000 fueron heridas durante protestas entre enero de 2006 y setiembre de 20011, según los reportes de la gubernamental Defensoría del Pueblo.

Pero el panorama tampoco ha sido alentador en lo que va del gobierno de Humala, que aún no termina de convencer a los opositores del conflictivo proyecto minero Conga, de la compañía aurífera Yanacocha- Newmont, en el norteño departamento de Cajamarca.

Humala acaba de darle luz verde a este proyecto y no resulta extraño si se toma en cuenta que, según el ministro de Energía y Minas de Perú, Jorge Merino, la industria extractiva representa 75 por ciento de las exportaciones del país.

Los participantes de EITI coinciden en que la transparencia en las actividades extractivas podría contribuir a apaciguar el escenario social no solo en Perú, sino también en otros países de América Latina.

Por ello, algunas organizaciones de la sociedad civil que participan en el Consejo Internacional de EITI coincidieron en que es necesario ampliar las exigencias y descentralizar la información.

Baca consideró que los gobiernos regionales y municipios también deben rendir cuentas y hacer un esfuerzo para que la información sea confiable, comprensible y sencilla.

Por su parte, el director ejecutivo del BID y exministro peruano de la Producción, Kurt Burneo, coincidió con el economista. “Si se quiere tener legitimidad social, tiene que haber confianza y no la hay sin transparencia”, señaló a IPS.

Carlos Aranda, gerente de Servicios Técnicos de la firma Southern Perú y miembro de la Comisión EITI en representación del empresariado, entiende que es importante que las compañías no se escondan en el anonimato y brinden cada vez más información.

“Es importante la transparencia, pero los estudios de impacto ambiental tampoco se pueden hacer en la Plaza de Armas para que todos se enteren. No podemos sospechar de todo y pensar que siempre hay un arreglo debajo de la mesa”, declaró Aranda a IPS.

Pero estos problemas de desconfianza y conflictos por las actividades extractivas no son exclusivamente peruanos.

Célica Hernández, de la Fundación Jubileo de Bolivia, indicó a IPS que, hasta fines de 2011, las diversas instancias de gobierno en Bolivia no habían ejecutado 2.200 millones de dólares de los recursos, un monto similar a lo que recauda su país por la actividad hidrocarburífera.

“Esto tiene muy descontenta a la población”, señaló Hernández a IPS en un alto de las reuniones. Bolivia no forma parte de EITI, pero la sociedad civil ha intentado promover la transparencia.

En Colombia también empiezan a estallar conflictos en algunas zonas, según Carlos Andrés Cante, director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, ese país aún vive el boom de las exploraciones, ya que la mayoría de los proyectos no se ha ejecutado.

Colombia ya trabaja en la instalación de una Comisión EITI para convertir la transparencia en una política de Estado, dijo Cante a IPS.

Los avances en los diversos países de la región se dan a diferente ritmo, pero “hay cada vez más empresas y gobiernos que consideran que no se puede avanzar en este tema con secretismo y sin legitimidad”, puntualizó Baca.

 

* Milagros Salazar/LIMA/ 28 junio 2012 (IPS)