Los brasileños serán llamados a partir de mayo a entregar voluntariamente sus armas de fuego

Podrán ser recogidas hasta en las iglesias y serán destruidas en presencia de sus dueños


La tragedia de la escuela de Rio, donde murieron a tiros 12 niños hace 17 dias, ha llevado al Gobierno a lanzar una gran campaña nacional, a partir del seis de mayo, para que los ciudadanos entreguen voluntariamente las armas. Así lo ha comunicado hoy el Ministerio de Justicia, que pretende destinar un lugar en cada ciudad para que los ciudadanos puedan depositar sus armas de fuego obtenidas legal o ilegalmente.


El Gobierno piensa dar todas las facilidades posibles para dicha entrega, por lo que ha determinado que podrán ser entregadas no sólo en las comisarias de policia sino tambien en las iglesias, en las sedes de las ONG y hasta en las de la orden de Abogados de Brasil (OAB). En todos esos lugares, incluso en el interior de los templos, deberá ser un agente de policia quien reciba el arma.
Ante las críticas de que muchas veces las armas entregadas por los civiles acaban en el mercado negro, al igual que la droga, esta vez el Gobierno ha decidido que dichas armas sean destruidas ante el ciudadano en el momento de entregarla, aunque no se ha explicado de qué forma será llevada a cabo esa destrucción. Tampoco se ha decidido aún cómo el Gobierno compensará a los ciudadanos por las armas entregadas, cuyo precio variará según el tipo y el número de armas entregadas.


La medida está siendo objeto de polémica, incluso dentro de la clase política, así como el proyecto de convocar un nuevo plebiscito lanzado por el Presidente del Senado, José Sarney, para octubre, para prohibir el comercio legal de armas a civiles. Un referéndum sobre el tema fue ya derrotado por el 64% de la población en 2005.
Ha habido hasta políticos que, llevados por la emoción de la tragedia de Rio, llegaron a sugerir que las fuerzas del orden pudieran registrar las casas para recoger las armas ilegalmente adquiridas, hipótesis que fue rechazada como contraria a la Constitución, que protege la intimidad de los hogares, donde sólo se puede entrar con mandato judicial.


Críticas a la campaña
Los que se oponen a la campaña para desarmar a la población alegan que el problema es otro: la ineficacia de la policia en la lucha contra el crimen, contra el mercado internacional de armas y la corrupción de policia y Ejército que acaban en muchos casos vendiendo ellos mismos armas a los narcos. “Desarmar a la población será el mejor regalo para los bandidos”, afirman los contrarios a dicho desarme.
Sin embargo ha causado impresión, por ejemplo, el que este fin de semana, sin ir más lejos, sólo en la ciudad de Salvador de Bahia tuvieron lugar 20 asesinatos con armas de fuego. Brasil es hoy uno de los paises de América Latina con mayor número de homicidios: 50.000 anuales, una media de 25 por cien mil habitantes. Excepto en Sâo Paulo, que por primera vez ha conseguido este mes bajar dicha cifra a menos de 10, por lo que ha salido del índice, considerado internacionalmente como epidemia.


* JUAN ARIAS | Rio de Janeiro 19/04/2011 

El Partido Comunista de Cuba elige a Raúl Castro como primer secretario

El presidente cubano sustituye a su hermano Fidel al frente de la cúpula directiva.- Jose Machado Ventura es segundo secretario


El Partido Comunista de Cuba (PCC, único) ha elegido hoy a Raúl Castro y Jose Machado Ventura, como primer y segundo secretarios de la organización. La elección se ha producido en el acto de clausura del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) al que ha acudido el expresidente cubano Fidel Castro, quien había renunciado a la dirección del partido.

El dirigente cubano, de 84 años, fue recibido con una larga ovación y vivas por los mil delegados asistentes al congreso, que ha dado a conocer a los miembros de sus máximos órganos de dirección. De esta forma, Raúl Castro y Jose Machado Ventura lideran la cúpula directiva del partido. En su artículo escrito, el expresidente cubano confirmó que ha renunciado a la dirección del Partido Comunista en el que no desea ocupar cargo alguno.
Vestido con su ya habitual chaqueta deportiva, Fidel Castro entró caminando con cierta dificultad y acompañado de un asistente al plenario del Palacio de Convenciones de La Habana, donde se sentó junto a Raúl Castro en el lugar que habitualmente ocupaba.

Tras sonar el himno cubano, se dio lectura a un mensaje enviado al Congreso por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien celebró la realización del cónclave y la conmemoración este martes del 50 aniversario de la victoria cubana de Playa Girón.

Hasta hoy, Fidel Castro no había asistido a ninguna de las sesiones del VI Congreso del Partido Comunista Cubano, pero publicó ayer un artículo en el diario oficial Granma en el que dijo haber seguido de cerca los debates y ofreció su particular consejo a la militancia: ser “modelo de dirigentes modestos, estudiosos e incansables luchadores por el socialismo”. A su juicio, “superar el sistema de producción capitalista” es “un difícil desafío en la época bárbara de las sociedades de consumo”, pero esa es la meta. Dicho esto, pidió a “la nueva generación” de cubanos que fuesen capaces de “rectificar y cambiar sin vacilación todo lo que debe ser rectificado y cambiado”. Casi un trabalenguas.

El artículo del ex mandatario, que lleva apartado del poder desde 2006 debido a una grave enfermedad, se publicó el mismo día en que los 1.000 delegados del Congreso terminaron el trabajo en comisiones y votaron la elección de un nuevo Comité Central. También aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social, el documento programático de más de 300 puntos que servirá de plataforma para la transformación del modelo económico en Cuba.

Los temas debatidos durante las dos primeras sesiones del Congreso abarcaron los asuntos más diversos. Hubo algunos relevantes, como la marcha del proceso de entrega de tierras del Estado a los campesinos privados -se han repartido ya a 143.000 solicitantes unas 1.191.000 hectáreas, lo que representa el 63% de las tierras ociosas en manos del Estado-. Esta es una de las medidas importantes de la reforma, pero debido a las trabas burocráticas y al exceso de control, entre otros motivos, no ha logrado resultados, y eso que el propio Raúl Castro ha considerado la producción de alimentos un problema de seguridad nacional.


La reforma tributaria, la unificación monetaria o la política crediticia de los bancos estatales hacia los trabajadores por cuenta propia -una novedad-, también fue debatida, pero junto a estos temas se abordaron otros cuando menos chocantes para ser tratados en un Congreso, como el de la reparación de las ollas arroceras y eléctricas repartidas a la población o la “venta liberada” del queroseno y otros “combustibles domésticos” a los cubanos.


* AGENCIAS – La Habana – 19/04/2011

Bolivia vive el mayor número de protestas en los últimos 41 años

Morales se niega a elevar aún más el 10% de incremento salarial ya decretado


El presidente de Bolivia, Evo Morales, vive hoy desde el otro bando la pesadilla de los conflictos sociales, de los que, en los primeros cinco años de la década pasada, fue uno de sus principales protagonistas desde los sindicatos cocaleros. Lo que ignoraba es que no solo iba a probar de su propia medicina, sino que soportaría el mayor número de expresiones de descontento registrado en los últimos 41 años.
El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) de Cochabamba ha informado de que el número de conflictos sociales (entre huelgas, protestas callejeras, cierre de carreteras o de calles y rebeliones en las cárceles) en las ciudades bolivianas ha llegado a 811 en el año 2010, con un promedio de 67 conflictos mensuales. En el primer trimestre de 2011, según cifras preliminares, se han producido 240 conflictos (67 en enero, 91 en febrero y 82 en marzo), en comparación con los 207 registrados en ese mismo periodo de 2010.


El estudio, dirigido por el investigador Roberto Laserna, hace un detallado recuento del conflicto social en Bolivia desde 1970 y señala su incidencia en el desarrollo y el crecimiento del país. El segundo Gobierno más afectado por los conflictos sociales en esta década fue el de Carlos Mesa, justamente cuando uno de los principales contestatarios era Evo Morales y, desde el retorno de la democracia, en 1982, la Administración de Hernán Siles Zuazo soportó importantes olas de protesta social.
El Gobierno de Morales, caracterizado por su enorme peso político y por un control casi total de los aparatos del Estado, ha mostrado una débil capacidad de gestión gubernamental; los conflictos sociales, sin ánimo de derrocar a Morales, intentan obligar al Gobierno a ser más operativo en la concreción de sus planes y proyectos, explica Laserna.
El creciente descontento de los trabajadores ha arreciado en los últimos siete días en todo el país, especialmente hoy, cuando las protestas se han radicalizado con el cierre de las vías de acceso a La Paz, a Cochabamba, a Trinidad, mientras que las Centrales Obreras departamentales de Chuquisaca, Potosí y Tarija han hecho público su rechazo al principio de acuerdo que se alcanzó el lunes por la mañana entre el Gobierno del presidente Morales y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por su máximo líder, Pedro Montes.


El documento, de ocho puntos, está en consulta entre los trabajadores de base, pero ya ha ocasionado una aparente fragmentación de la COB. Los dirigentes de la Federación de Mineros, de la que Montes es afiliado, aprobaron los logros en la negociación con el Gobierno, pues lograron que se proceda a la abrogación de las disposiciones legales que permitieron la vigencia de un modelo económico de libre mercado.

Los principales sindicatos afiliados a la COB han adelantado el rechazo a ese documento porque no atiende favorablemente su demanda de incremento salarial mayor al 10% que el Gobierno aprobó con retroactividad a enero de 2011.
“Vamos a seguir en las calles. El aumento salarial del 10% no satisface nuestras necesidades”, declaró en Cochabamba el docente Johnny Milán y coincidió con otros líderes sindicales en convocar mayores protestas callejeras; Milán advirtió también que la clase laboral va a considerar como “una verdadera traición si la COB resuelve firmar el acuerdo”.
El Gobierno se niega a atender el aumento salarial a por lo menos un 15%, porque puede comprometer un mayor déficit, que, reveló el ministro de Hacienda, Luis Arce, es de 880 millones de dólares. El aumento supondría que el déficit del Tesoro General de la Nación subiría a 913 millones. Las protestas se expresan con mayor fuerza en la sede de Gobierno, La Paz, donde continúan llegando decenas y decenas de trabajadores, maestros y universitarios de todo el país, con el fin de arrancar de Morales un mayor incremento salarial para compensar, señalan, la subida en espiral de los precios de los alimentos tras la ya suspendida “nivelación” de los precios subvencionados de la gasolina con los costes del mercado internacional.


A estas protestas, las más duras en el Gobierno de cinco años de Morales, se suma el amotinamiento de los presos de las cárceles de todo el país, que rechazaron un 20% de aumento para la asignación diaria para alimentos (desayuno, almuerzo y cena), que la dejó en 6,60 bolivianos (66 centavos de euro), y exigen al menos 10 bolivianos (un euro), dado que este monto se comparte generalmente con la familia. Pero además, los 10.000 presos ?de los que 7.600 no tienen sentencia? protestan por el hacinamiento en el que se les obliga a vivir en la gran mayoría de los penales bolivianos.
Y existen muchos otros problemas sociales que pueden considerarse menores en la globalidad, pero que han provocado que muchos vecinos se involucren y participen en el cierre de carreteras, en las huelgas y en ayunos, como medida para llamar la atención de las autoridades y lograr así un puente, una escuela, o el aumento de precios de la leche natural para los pequeños productores. Incluso algunos estudiantes han llegado a coserse la boca para que se incremente el número de postulantes en las escuelas para maestros.


© Agencias-EL PAÍS (12/04/2011)

Presidente Ortega cambia el mapa de Nicaragua

El presidente modifica por decreto la jurisdicción de tres municipios del país centroamericano para favorecer al sandinismo en las elecciones de noviembre


El presidente Daniel Ortega ha cambiado por decreto la geografía de Nicaragua. El mandatario, en plena campaña para la reelección, a pesar de que la Constitución de este país centroamericano se lo prohíbe, ha emitido un decreto con el que ordena cambiar la jurisdicción a la que pertenecen tres municipios de la región sur del Caribe nicaragüense, para sumarlos a la del departamento de Chontales, en el centro, lugar de origen de Ortega.


La maniobra, que ha generado asombro y molestia en el país, busca favorecer a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en la distribución de diputados ante la Asamblea Nacional, cuya Cámara será renovada totalmente en las elecciones generales del 6 de noviembre.


Fuentes del FSLN han dicho que esperan arrasar en las legislativas, alcanzando por lo menos 60 diputados en la Asamblea. En la legislatura actual, el FSLN cuenta con 38 de los 90 diputados del Parlamento, lo que imposibilitó que el presidente lograra la anhelada reforma constitucional que le permitiría legitimar su reelección. Ortega, que controla el poder judicial y los organismos electorales, ha fracaso en su afán de controlar totalmente la Asamblea Nacional, a pesar de que la maquinaria del FSLN ha usado sobornos, amenazas y hasta ha ofrecido favores sexuales a diputados, para que estos apoyaran las iniciativas del Gobierno, según han denunciado políticos de oposición.


Como el control del Parlamento es clave para impulsar su proyecto político, esta vez el mandatario ha hecho uso de su poder para asegurarse la mayoría necesaria en la Asamblea y gobernar sin contrapesos. Con el Decreto 15-2011, Ortega incorpora al departamento de Chontales los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea. Para ello deroga el Decreto 33-2001, con el que se ordenó hace una década la incorporación de esos municipios a la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).


Ortega ha justificado su decisión asegurando que con el decreto derogado se rompía “el principio de proporcionalidad establecido en la Ley Electoral”.


Los municipios cuya jurisdicción ha cambiado son tradicionales bastiones opositores. En las elecciones generales de 2006, que dieron la victoria a Ortega con el 38% de los votos, el FSLN logró 10.707 votos en los municipios afectados, mientras que los opositores Partido Liberal Constitucionalista (liderado por el controvertido expresidente Arnoldo Alemán) y la Alianza Liberal Nicaragüense (entonces organización política del excandidato presidencial Eduardo Montealegre) obtuvieron 50.000 votos.

Con su decreto, han explicado los analistas, Ortega quiere restar diputados a la RAAS, donde el apoyo sandinista es menor, y sumarlos a Chontales, departamento que cuenta con más votantes del FSLN. Para el diputado opositor Montealegre, con su decreto Ortega sigue un “modelo chavista”, en referencia a las reformas ordenadas por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para evitar que la oposición lograra la mayoría en el Parlamento en las elecciones legislativas del año pasado.



Según Montealegre, el presidente busca favorecer “única y exclusivamente” a su partido, obteniendo con una menor cantidad de votos la mayoría de diputados para gobernar sin oposición.
Los alcaldes de los municipios afectados (vastas zonas ganaderas y ricas en bosques tropicales) han rechazado el “decretazo” de Ortega y anunciado jornadas de protesta con cortes en las principales vías de acceso. Los alcaldes han denunciado que la medida tiene objetivos electorales y que no van a permitir este cambio. Denis Obando, alcalde de Nueva Guinea, ha afirmado que el decreto es “antojadizo” y “manipula la autonomía de los municipios”.


* Por CARLOS SALINAS MALDONADO – Managua – 11/04/2011

Hombre más rico del mundo deberá pagar multa histórica de mil millones de dólares

La empresa de telefonía América Móvil de Carlos Slim fue multada en México por “supuestas prácticas monopólicas”


(Reuters)


El magnate de las telecomunicaciones, Carlos Slim, deberá una histórica multa en México. Lo que para nosotros es una fortuna; para el hombre más rico del mundo, probablemente, solo será “un sencillo”. Se trata nada menos de mil millones de dólares por “supuestas prácticas monopólicas relativas en el mercado de terminación de llamadas en teléfonos móviles” de su empresa América Móvil, impuesta por la Comisión Federal de Competencia del país azteca.


Representantes de esta compañía, líder en telefonía celular en América Latina, adelantaron que intentarán apelar dicha sanción, equivalente a un 13,2% del total de sus utilidades netas en 2010, que sumaron 90.822 millones de pesos mexicanos. La multa es producto de una investigación que la comisión de competencia inició en noviembre de 2006.


“No entendemos bien cuál es el motivo de la sanción. Junto a nosotros, la comisión también acusó entonces a Telefónica, Iusacell y otros operadores. Veremos si también les multan a ellos”, dijo a AFP un vocero del grupo telefónico de Slim.


Esta multa supondría un problema para el adinerado Slim, de 71 años, pues desde hace semanas libra una lucha con los operadores de telefonía móvil y el duopolio televisivo de Televisa y TV Azteca para entrar en el negocio de la televisión y del “triple play’, informa “El Mundo”.


Esta sanción es considerada la más alta que el órgano regulador mexicano impone desde su creación en 1993, destacó el diario Reforma.


Según la revista Forbes, la fortuna de Carlos Slim alcanza los 74.000 millones de dólares. En marzo de este año, dicho medio lo nominó por segundo año consecutivo como el “hombre más rico del mundo”.


* Mexico-Agencias (16 de abril del 2011)