Caos crónico en ejecuciones hipotecarias en USA

El descubrimiento de un fraude aparentemente generalizado en trámites de hipotecas estadounidenses pone en duda millones de ejecuciones pendientes. Varios bancos han suspendido los procedimientos hasta que se aclaren los hechos.

Activistas y expertos sostienen que éste es un problema de larga data que recién ahora salta a un primer plano.

“Hay cientos de casos en todo el país donde los jueces han reprendido a los prestamistas por toda clase de errores. Hasta ahora eso era meramente anecdótico, como si hubiera unas pocas manzanas podridas”, dijo a IPS Kathleen Day, del Centro para Préstamos Responsables, que defiende a los propietarios de viviendas.

Para la profesora Katherine Porter, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Iowa, “estas moratorias y el mal comportamiento que condujo a ellas son apenas los síntomas más recientes y más visibles de una industria que padece una enfermedad crónica”, según planteó el mes pasado en un panel del Senado estadounidense.

En 2007 Porter realizó un estudio que concluyó que 40 por ciento de los documentos emanados de empresas de hipotecas en casos de bancarrota ni siquiera incluían una copia del boleto de compromiso.

El abogado William Brennan, de Atlanta, en el sudoriental estado de Georgia, encontró errores de documentación durante años, al asistir legalmente a propietarios de viviendas en litigios, y también en demandas de empresas de tarjetas de crédito contra consumidores individuales.

A menudo las deudas se venden a una agencia recaudadora, que presenta la demanda en tribunales aportando poca o ninguna evidencia de cómo se acumuló esa deuda, porque muy pocos consumidores pueden realmente comparecer ante sedes judiciales para disputar los casos.

Brennan dijo que la mayor parte de la atención en el actual escándalo sobre documentación de ejecuciones se ha centrado en 23 estados que llevan a cabo procesos judiciales en este sentido.

“En estos estados hay un proceso de atajo, (una preferencia) por el juicio sumario que a los bancos les gusta usar para acabar rápidamente con las demandas. Ellos tienen que presentar una declaración jurada. La idea es que muchos dueños de viviendas no reaccionarán a eso. Muchas de las declaraciones juradas han sido firmadas por ‘firmantes robotizados’”, dijo Brennan.

Se llama “firmantes robotizados” a los empleados contratados para firmar miles de documentos mensuales, a fin de aprobarlos sin verificar su contenido.

El escándalo actual empezó el 20 de septiembre, cuando un representante de GMAC Mortgage, cuarto mayor prestamista de la nación, admitió en tirbunales del nororiental estado de Maine que había firmado 10.000 documentos de ejecuciones al mes sin siquiera leerlos. GMAC frenó los desalojos y la reventa de casas con nuevos dueños en los 23 estados donde hubo ejecuciones judiciales.

El legislador demócrata Alan Grayson publicó en su sitio web un vídeo que muestra varios documentos con firmas muy diferentes para el mismo nombre, lo que sugiere que algunos individuos ni siquiera estaban firmando sus propios papeles.

El problema de las firmas robotizadas puede tener serias implicaciones legales, tanto civiles como penales, dijo Brennan, señalando que es ilegal firmar un documento dando fe de que todo lo que el mismo dice es correcto, cuando en realidad no se sabe si lo es.

“Es delito de perjurio. La gente puede ir a la cárcel por esto”, enfatizó.

También surgieron dudas sobre el Sistema de Registro Electrónico de Hipotecas (MERS, por sus siglas en inglés), una base de datos creada por una firma privada para registrar los títulos hipotecarios digitalizados. El MERS transfiere títulos de propiedad de viviendas entre bancos y fiduciarias usando planillas de Excel en vez de que los bancos endosen esos documentos.

Sesenta millones de propiedades estadounidenses están registradas en el MERS. También figuran allí 97 por ciento de los préstamos efectuados entre 2005 y 2008.

El 24 de septiembre, los representantes Grayson, Barney Frank y Corrine Brown escribieron a Fannie Mae cuestionando su uso generalizado de las ejecuciones. El sudoriental estado de Florida inició una investigación sobre los tres bufetes de abogados que presuntamente inventaron miles de documentos, y el occidental California le pidió a GMAC que frenara las ejecuciones allí.

Cuatro días después, JP Morgan Chase anunció que impediría 56.000 ejecuciones. Pronto le siguió el Bank of America, diciendo que tomaría una medida similar en 23 estados y que expandiría esa orden a todos los restantes.

Sin embargo, luego de dos semanas, el Bank of America dijo que reiniciaría las ejecuciones tras re-evaluar los problemas.

“Todas las evidencias sugieren un problema dominante y sistémico”, dijo Day a IPS.

Porter citó varios problemas en su testimonio: “Algunos documentos están faltando, lo que queda en evidencia por el creciente uso de declaraciones juradas perdidas para intentar remediar errores del pasado. Algunas transferencias de préstamos simplemente no ocurrieron o no se realizaron adecuadamente”.

También mencionó allí la “proliferación de escrituras en blanco”, el “uso generalizado del MERS” y la “confusión sobre la ubicación de los documentos físicos (correspondientes a) estos préstamos”.

Brennan descubrió que en Georgia, aunque técnicamente las ejecuciones siguen un proceso judicial, la mayoría de los prestatarios renuncian a su derecho a asesoramiento legal al solicitar el préstamo.

“En la mayoría de los estados la hipoteca se compone de un boleto de compromiso y una escritura que garanticen la deuda”, explicó Brennan. Habitualmente los bancos venden las hipotecas a otro banco, que a su vez luego se la vende a otro, y así sucesivamente.

Según el Centro para Préstamos Responsables, alrededor de dos millones de familias enfrentan procedimientos de ejecuciones hipotecarias, y a otros tres millones les falta apenas semanas para correr la misma suerte.

 

* Por Matthew Cardinale, ATLANTA, Estados Unidos, Noviembre 2010 (IPS)

Geoingeniería para un clima desesperante

Delegados a la cumbre mundial de biodiversidad que se celebra en esta ciudad japonesa reclaman una moratoria a las investigaciones de ingeniería climática, como colocar espejos en el espacio que reflejen la luz solar y refresquen la atmósfera.

Por ingeniería climática o geoingeniería se entiende cualquier esfuerzo humano a gran escala para adaptar intencionalmente los sistemas planetarios al cambio climático.

Representantes de países de África y Asia expusieron su preocupación por los impactos de la geoingeniería en los ecosistemas y se manifestaron a favor de una prohibición de estos experimentos, reclamada por organizaciones no gubernamentales en la 10 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB COP 10), que se celebra en Nagoya desde el 18 hasta el 29 de este mes.

Algunos de los experimentos propuestos son instalar gigantescas tuberías verticales en el océano para bombear agua más fría hacia la superficie, lanzar enormes cantidades de sulfatos a estratósfera para bloquear la luz del sol o arrojar sal marina hacia las nubes para aumentar su capacidad de reflejar los rayos solares.

En términos generales, hay dos terrenos de investigaciones en geoingeniería. El primero propone controlar la radiación solar, y el segundo se basa en absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, para reducir la concentración de este gas de efecto invernadero.

En materia de radiación solar, algunas ideas se basan en liberar sulfatos a la atmósfera, o colocar miles de enormes espejos en el espacio para reflejar la luz del sol. En cuando al carbono, se habla de fertilización oceánica: arrojar hierro o nitrógeno al agua del mar para estimular el crecimiento de fitoplancton que a su vez absorba más gas carbónico y lo almacene en las profundidades.

“Algunos de los que proponen estas tecnologías piensan que es más fácil manipular el Sol que hacer que la gente viaje en autobús”, dijo Pat Mooney, director ejecutivo del ETC Group, una organización no gubernamental con sede en Canadá.

“Los políticos de los países ricos ven a la geoingeniería como un plan B, que les evitaría tomar decisiones difíciles para reducir las emisiones que causan el cambio climático”, declaró Mooney a Tierramérica.

“Es una estrategia política que aspira a que los países industriales queden libres de sus deudas climáticas”, agregó.

Pero la geoingeniería ya no pertenece al reino de lo descabellado y se está convirtiendo rápidamente en objeto de serios debates científicos e intereses comerciales.

En 2007, Tierramérica divulgó la noticia de que la empresa estadounidense Planktos intentaba arrojar 100 toneladas de partículas de hierro en el océano Pacífico, cerca de las ecuatorianas islas Galápagos –consideradas un santuario para el estudio de la evolución de las especies–, sin consentimiento de Quito.

Si conseguía probar que esta técnica permitía absorber dióxido de carbono, Planktos esperaba vender créditos de carbono. El proyecto fue frenado y la empresa puso fin a sus experimentos en la zona.

Al año siguiente, el CDB acordó una suspensión a todas las pruebas de fertilización oceánica.

A comienzos de 2010, el órgano científico del CDB propuso prohibir todas las actividades de geoingeniería relacionadas con el clima.

Sin embargo, ante el fracaso de las negociaciones internacionales para reducir los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, se renovaron los intereses científicos y políticos en estos experimentos

La Royal Society de Gran Bretaña, que reúne a algunos de los científicos más destacados del mundo, defiende las investigaciones en geoingeniería.

“Nos oponemos a una moratoria porque no queremos restringir esas investigaciones”, dijo John Shepherd, climatólogo del Centro Nacional de Oceanografía de la británica Universidad de Southampton y miembro de la Royal Society.

“El cambio climático puede llegar a un punto desesperante que requiera medidas desesperadas, y por lo tanto deberíamos tener listas algunas buenas investigaciones sobre lo que pueda ayudar”, sostuvo Shepherd, autor del informe 2009 de la Royal Society sobre geoingeniería.

El estudio concluyó que estas técnicas pueden ser necesarias para enfriar el planeta si fracasan los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono.

Se necesita investigar para determinar los riesgos y la efectividad de todo proyecto de geoingeniería, dijo a Tierramérica.

Llevar a cabo ahora cualquiera de estos experimentos “sería increíblemente prematuro”, sostuvo Shepherd. Ése es el punto de vista de su institución, agregó.

En noviembre, la Royal Society celebrará en Londres el simposio “Geoingeniería: tomar el control del clima de nuestro planeta”.

Inyectar sulfatos en la atmósfera es atractivo para los políticos porque su costo es muy inferior al de reducir la huella de carbono, escribió Clive Hamilton, del Centro para la Filosofía Aplicada y la Ética Pública de la Universidad Nacional Australiana.

Aunque ningún país promueve la geoingeniería, reconoció Hamilton, estos planes “eluden la necesidad de elevar los impuestos a la gasolina, permiten un crecimiento aún más irrestricto y no representan una amenaza al estilo de vida de los consumidores”, sostuvo el autor del libro “Requiem for a Species” (Réquiem para una especie).

El ETC Group documentó los avances de varias ideas para controlar el clima en su informe “Geopiracy: The Case Against Geoengineering” (Geopiratería: Los argumentos contra la geoingeniería), presentado el día 19 en Nagoya. Allí se pregunta “quién tiene derecho a fijar el termostato planetario”.

“Los países en desarrollo entienden que para controlar el termostato mundial no pueden confiar en los países ricos que no redujeron sus emisiones”, dijo Mooney.

Es imposible evaluar los impactos potenciales de estos experimentos, agregó.

Se necesita una moratoria a las investigaciones de ingeniería climática a cielo abierto para dar tiempo a un debate internacional sobre sus impactos en la biodiversidad, la sociedad y la economía, expresó.

Los delegados presentes en Nagoya discuten la redacción de una suspensión. Un representante de Brasil dijo a Tierramérica que éste se ha vuelto un tema importante, mientras países como Canadá se oponen firmemente a toda prohibición.

“La geoingeniería no es una solución al cambio climático”, concluyó la activista Silvia Ribeiro, del ETC Group.

“Sólo podría considerarse en situación de emergencia, y por lo tanto nunca puede ser redituable ni parte de ningún mercado de carbono”, dijo a Tierramérica.

 

* Por Stephen Leahy, NAGOYA, Japón, Octubre 2010 (Tierramérica)

Una estrategia viable contra el uso nocivo de alcohol

La adopción de la OMS de una estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol es histórica, no sólo porque es necesaria y largamente esperada, sino también por enfocarse en lo que es factible hacer para atacar el problema de inmediato.

A los estados que evalúan la pesada carga que representa el dañino consumo de alcohol, la OMS (Organización Mundial de la Salud) les proporciona a partir de este año elementos precisos y les da una guía para la acción inmediata.

En su plan estratégico recomienda trazar 10 objetivos, con una provechosa reelaboración de las políticas a seguir, en un terreno en el cual las soluciones planteadas hasta ahora han sido pocas y a menudo recurriendo a una amplia utilización de la proscripción.

También invita a una variada serie de participantes a la mesa de discusión, rompiendo con los tiempos en que la política sobre el alcohol se debatía en foros que excluían, por ejemplo, a la industria de la bebida, un sector que conoce mucho sobre la cuestión.

Esta agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas ha comprendido que “los productores de bebidas alcohólicas son actores importantes” para la estrategia diseñada.

Ellos son “especialmente alentados a considerar vías efectivas para prevenir y reducir el uso dañino del alcohol”, indica.

Como presidente de una organización que ha estado trabajando con estos empresarios durante 15 años para reducir el consumo perjudicial de bebidas alcohólicas a escala mundial y para estimular el diálogo entre las distintas partes, me asocio a este llamado.

Aún más significativo es que la OMS esté animando a los gobiernos a enfrentar el uso dañino del alcohol como parte de una amplia y bien razonada estrategia. Los enfoques reguladores del pasado tuvieron a veces esas carencias.

En muchos países, aunque de forma bienintencionada, se adoptaron políticas simplistas para una cuestión compleja. Y en aquellos donde los recursos son escasos, muchas veces fueron usados para adoptar medidas que produjeron resultados decepcionantes o negativos.

De hecho, la OMS advierte una discrepancia “entre la creciente permisividad y disponibilidad para beber alcohol en muchos países de bajos y medianos ingresos y la poca capacidad que tienen para afrontar las cargas adicionales para la salud pública por ese consumo abusivo”.

Para que tengan éxito, los enfoques deberían tener en claro que la cuestión no es el consumo sino el consumo dañino. Tampoco es la disponibilidad de alcohol por sí misma lo que resulta problemático, sino las consecuencias de beber “problemáticamente”.

Por ejemplo, cuando los impuestos y los precios se elevaron fuertemente en un intento de restringir el consumo, con frecuencia se potenció el mercado negro. Así hemos visto desde Europa oriental hasta África y Asia-Pacífico demasiados daños a la salud y muertes cuando las personas recurren a alcoholes elaborados ilícitamente o a “sustitutos” inadecuados para el consumo humano.

Las investigaciones muestran en forma sistemática que los bebedores crónicos son los que probablemente menos reducen el consumo aunque aumenten los precios. Pasan a productos más baratos e incluso a beber en sus propias casas como forma de ahorro, pero no dejan ese hábito.

Incluso en los casos de prohibición completa, quienes están decididos a beber excesivamente seguirán haciéndolo.

Al contrario de lo que suponen muchos críticos de la industria del alcohol, es en este sector donde están algunas de las personas más preocupadas y entendidas sobre la lucha contra el consumo dañino.

Son quienes han participado en programas con gobiernos, comerciantes minoristas e instituciones educativas y de salud pública para evitar el alcoholismo de los menores de 18 años y otros usos perjudiciales del alcohol.

Un ejemplo es el trabajo de Acción Global Contra el Consumo Dañino de Alcohol, resultado de un compromiso colectivo hecho por directivos de importantes productores internacionales para concretar un esfuerzo significativo en este combate en el período 2010-2012, combinando acciones mundiales y locales.

Las iniciativas ponen énfasis en los países de bajos y medianos ingresos, enfocándose en el manejo del hábito de beber, la autorregulación de la venta de alcohol y el control del tráfico ilícito.

Esos esfuerzos siguen la misma línea de pensamiento de la estrategia de la OMS. Lo que se requiere es una serie de opciones de modo que diferentes países y comunidades puedan elegir la combinación de medidas apropiadas para sus respectivas realidades.

Esos enfoques deberán ser lo bastante razonables como para que actúen en la práctica y no sólo en la teoría.

Mucho se puede lograr en la medida en que los productores trabajen concertadamente con profesionales de la salud, gobiernos y sociedad civil para reducir el uso dañino.

El nuevo sentido que aportará una asociación entre todos los implicados en este problema con la guía de la OMS refuerza las posibilidades de éxito de una estrategia viable, que ya mismo se debe comenzar a ejecutar.

* Por Marcus Grant, Washington, Noviembre 2010 (IPS) -Marcus Grant es Presidente del Centro Internacional en materia de Políticas sobre el Alcohol (ICAP).