Chile esterilizó a mujeres con VIH

Cuando Francisca llegó al hospital de Curicó, en la central región chilena de Maule, para dar a luz a su primer hijo, no imaginó que ése sería el único que tendría.

Cuando se estaba recuperando del parto, entró una enfermera a la sala. “Después de preguntarme cómo me sentía, me dijo que me habían esterilizado y que ya no podría tener más hijos”, recuerda en un informe presentado el jueves por el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, y la organización no gubernamental chilena Vivo Positivo. Eso ocurrió en 2002. Francisca (nombre ficticio) tenía entonces 20 años y, junto con su esposo, quería tener más hijos.

Pero, según el informe, el cirujano que la atendió la esterilizó durante la cesárea, sin pedirle permiso, por ser VIH positiva.

“Me trataron como si fuera menos que una persona”, dijo la mujer. “No fue mi decisión poner fin a mi fertilidad; me la quitaron”.

La historia de Francisca no es un hecho aislado, dijo Suzannah Phillips, una de las autoras del informe, que documenta casos de tratos discriminatorios a madres con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).

El informe, titulado “Dignity Denied” (Dignidad negada), señala que la esterilizaciones forzadas a mujeres VIH positivas en Chile eran habituales antes de 2000, cuando se revisaron sus leyes sanitarias para incluir el concepto de “consentimiento informado”.

Éste consiste en un proceso de comunicación por el cual los pacientes autorizan voluntariamente un tratamiento luego de haber sido asesorados adecuadamente sobre todas las opciones posibles.

Pero la práctica continuó: en un estudio de Vivo Positivo de 2004, 29 por ciento de las participantes –mujeres seropositivas– dijeron que sus proveedores de servicios de salud las presionaron para esterilizarse, mientras que 12,9 por ciento dijeron haber sido esterilizadas sin mediar su consentimiento.

Vasili Deliyanis, coordinador ejecutivo de Vivo Positivo, dijo a IPS que, por un lado, Chile “es uno de los países que más ha bajado la tasa de nacimientos de bebés seropositivos”, gracias a la aplicación de un protocolo sobre transmisión vertical. Pero, por otro, las chilenas con VIH siguen siendo discriminadas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, aseveró.

Para María Eugenia Calvin, de la no gubernamental Fundación Educación Popular en Salud (EPES), las esterilizaciones sin consentimiento son sólo la expresión más grave de un problema más profundo.

En Chile “no hay programas específicos dirigidos a las mujeres que viven con VIH en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos”, planteó la asistente social, coautora de varias investigaciones sobre el tema.

Pese a que la normativa de salud en Chile incorpora el enfoque de género y de derechos, y que la atención de las personas viviendo con VIH es buena en el país, “hay limitaciones en el abordaje” de la realidad particular de estas mujeres, enfatizó Calvin.

Ellas no están incluidas, por ejemplo, en las orientaciones del Ministerio de Salud sobre atención humanizada del parto, planteó, lo cual se hace necesario debido a las diversas restricciones que sufren en este proceso, como no poder amamantar al recién nacido.

En el marco de un estudio sobre violencia contra las mujeres y feminización del VIH/sida, publicado en 2009, EPES entrevistó a 102 chilenas viviendo con esta enfermedad.

Algunas de ellas contaron experiencias de esterilizaciones sin consentimiento y de presiones del personal de salud para realizarse el procedimiento, aseguró Calvin.

Calvin también llamó la atención sobre la falta de programas de prevención del VIH/sida orientado a las mujeres, señalando que las campañas nacionales contra esta enfermedad aún se concentran en los hombres que tienen sexo con hombres.

Aunque el informe “Dignity Denied” se centra en Chile, Phillips dijo a IPS que los 27 casos que incluye son representativos de una tendencia mundial que “probablemente surgió en la última década”.

Desde el estudio de 2004, madres seropositivas a las que esterilizaron por la fuerza presentaron demandas en República Dominicana, México, Namibia, Sudáfrica y Venezuela. Phillips dijo a IPS que estas prácticas discriminatorias también son comunes en partes de Europa oriental y Asia.

Pero a causa del estigma que rodea al VIH/sida y al temor a represalias, las mujeres suelen ser reticentes a relatar esos maltratos. A consecuencia, “es difícil obtener datos estadísticos para saber realmente cuán generalizado es el fenómeno”, dijo Phillips.

“Las esterilizaciones forzadas no sólo son una violación fundamental a los derechos reproductivos de una mujer; tienen pocos beneficios en términos de prevención del VIH”, señala en el reporte Yakin Ertürk, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer.

Durante el primer año posterior al nacimiento de su hijo, Francisca no dijo nada sobre su esterilización forzada, señaló Phillips. Sólo cuando Vivo Positivo la contactó en una clínica donde recibía tratamiento antirretroviral empezó a saber más sobre sus derechos reproductivos y finalmente compartió su experiencia.

Phillips explicó a IPS que ella y sus coautores hallaron una “rampante” falta de concientización e información errónea en Chile, aún entre los propios profesionales de la salud, que no cuentan con la formación necesaria para tratar a pacientes seropositivos.

Casos documentados en el informe revelan que algunos médicos y enfermeros incluso estaban mal informados sobre las vías de transmisión del VIH.

En cuanto a Francisca, en 2007 demandó al hospital de Curicó en un tribunal local, con la ayuda de Vivo Positivo. Al verano austral siguiente, la rechazaron sin posibilidad de apelar. Ahora, su caso, presentado contra Chile por el Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo, está pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por Aprille Muscara y Daniela Estrada, NUEVA YORK/SANTIAGO, 22 octubre (IPS)

Arranca el trabajo privado en Cuba

La difusión del régimen tributario que se aplicará al trabajo privado en Cuba puso oficialmente en marcha una de las alternativas planteadas por el gobierno de Raúl Castro, en la reforma para recortar medio millón de empleos estatales.

Varias resoluciones publicadas en dos ediciones extraordinarias especiales de la Gaceta Oficial este lunes 25 pusieron en blanco y negro las reglas de juego, tanto del reordenamiento laboral como de la mayor apertura al trabajo por cuenta propia.

“Me trajeron 100 ejemplares que se vendieron, yo diría que en menos de media hora. Por poco me vuelven loco”, comentó a IPS el expendedor de uno de los estanquillos estatales de periódicos, donde comenzaron a distribuirse las publicaciones en todo el país.

El mayor interés se centra en los impuestos a pagar por ejercer alguna de las 178 actividades que fueron autorizadas a realizarse de manera independiente. Los gravámenes son varios y sólo por concepto de ingresos personales van de 25 a 50 por ciento, sobre su renta anual total.

“Yo quisiera abrir en mi casa un local para venta de jugos y alimentos ligeros, pero si, además de la licencia, el impuesto por ventas (10 por ciento) y no sé qué más, tengo que comprar lo que necesito para sacar adelante el negocio a precios de la ‘chopin’ (tienda donde se paga con divisas) no le veo negocio”, comentó una mujer de mediana edad.

Junto con ampliar las áreas para el trabajo autónomo, en el que según datos de 2009 ya laboran más de 140.000 personas, la legislación permitirá la contratación de personal y el alquiler de viviendas completas, inclusive a ciudadanos de la isla con residencia legal en el extranjero. Pero también establece varios tipos de gravámenes.

Además de los impuestos por ingresos personales, se incluyen abonos sobre las ventas de bienes, con un 10 por ciento sobre su valor total. Además, por la utilización de la fuerza de trabajo el aporte al fisco será de un 25 por ciento del salario del empleado. También se sumarán contribuciones por concepto de seguridad social.

Personas que laboran por cuenta propia desde la década de los 90 siguen inquietas por lo que entienden como un alza impositiva para el sector. Otras, que han ejercido diferentes oficios sin licencia, podrían ser castigadas con fuertes multas en efectivo, si no se inscriben en las dependencias estatales habilitadas para ese fin.

“Por alquilar una habitación debo pagar mensualmente 331 pesos convertibles (unos 357 dólares), incluida la licencia y otros impuestos que se fueron añadiendo. Por supuesto también pago impuestos anuales por ingresos personales”, contó a IPS una residente del municipio de Playa, en La Habana.

“Ahora tengo que estudiar bien este documento y esperar la reunión que seguramente tendremos con autoridades de Vivienda para saber qué nos espera”, agregó. Este sector, junto a los de pequeños restaurantes privados, se considera parte “floreciente” del trabajo independiente, pese a que están sujetos a fuertes regulaciones.

Los impuestos se pagarán en pesos cubanos y para los trabajadores por cuenta propia con transacciones en pesos convertibles (cuc), la divisa libremente convertible de circulación nacional, se aplicará la tasa de cambio vigente en las casas estatales de cambio. En ellas el cuc equivale a 24 pesos.

Estimaciones preliminares del grupo de estudios tributarios indican que la entrada de unas 250.000 personas a lo que en Cuba se llama “cuentapropismo” representaría desde 2011 para el Estado un ingreso anual del equivalente a unos 45 millones de dólares.

El cálculo habría tomado en cuenta las entre 80.000 y 100.000 licencias solicitadas en los últimos años que fueron negadas. Pero algunos analistas son más cautelosos y consideran que el impacto será moderado, sobre todo inicialmente, debido a la deprimida situación económica interna.

Las resoluciones regulan también el tratamiento laboral y salarial aplicable a trabajadores que pierdan sus empleos por la reducción de plazas. De acuerdo a estas normas, las alternativas para estas personas incluyen la reubicación en otras empresas, el trabajo por cuento propia y la entrega de tierras en usufructo.

También se mencionan “otras formas de empleo en el sector estatal”, cuyas características no se especifican. Tampoco se excluye que el propio trabajador “disponible” gestione su reubicación en otra entidad o actividad laboral.

El gobierno ha dicho que el reajuste laboral responde a la necesidad de aumentar la eficiencia y la productividad del trabajo, un elemento que considera imprescindible para elevar los salarios y “sostener los enormes gastos sociales” de su sistema socialista.

En ese sistema se incluyen la prestación gratuita y universal de los servicios de salud y educación.

También se espera lograr que al menos 80 por ciento del personal esté vinculado directamente a la producción, servicios u otra actividad considerada fundamental para el desarrollo de este país insular del Caribe, con 11,2 millones de habitantes


Por Patricia Grogg , LA HABANA, 26 octubre 2010 (IPS)

Novartis, investigada en México por actos ilícitos

El gigante farmacéutico confirmó a swissinfo.ch su disposición para colaborar con el gobierno de Felipe Calderón y destacó que todos sus empleados deben adherirse a un Código de Conducta interno.
Directivos de Novartis y del laboratorio mexicano Stendhal serían sospechosos de ofrecer comisiones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ganar una licitación de 6,4 millones de francos; tema que ha desatado un escándalo político.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principal entidad proveedora de servicios de salud para la población del país latinoamericano, inició el miércoles (10.11) sendas investigaciones administrativa y penal para determinar si existió pacto ilícito entre la entidad y las farmacéuticas Novartis y Stendhal.

Este jueves (11.11) estaba prevista la publicación de las bases de una licitación para la venta de medicamentos al gobierno mexicano por 80 millones de pesos (6,4 millones de francos suizos).

Pero la cadena mediática Televisa presentó dos grabaciones (09.11) que llegaron a sus instalaciones de forma anónima, en donde Rafael Castro, director de Asuntos Corporativos de Novartis México, y Carlos Abelleyra, presidente ejecutivo del laboratorio mexicano Stendhal, estarían pactando el pago de una “comisión” de 5% para César Mora Eguiarte, coordinador de Adquisición de Bienes y Servicios del IMSS, a cambio de información vital para triunfar en una licitación de medicamentos.

Investigación en curso
Desde Seúl, en donde participaba en los trabajos de la Cumbre del G-20, el presidente mexicano, Felipe Calderón, instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargada de garantizar una operación transparente de las entidades gubernamentales en México; y al propio IMSS, a investigar la posible colusión entre directivos de los grupos farmacéuticos y su gobierno.

Instrucción que fue dada a conocer a la opinión pública a través del Twitter del Ejecutivo mexicano.

La primera decisión derivada de este caso fue el cese de César Mora Eguiarte del cargo de coordinador de Adquisición de Bienes y Servicios del IMSS mientras las investigaciones están en curso.

Fuentes de la SFP consultadas vía telefónica por swissinfo.ch en la Ciudad de México confirmaron que la oficina de Mora Eguiarte fue clausurada de forma inmediata y que su ordenador y teléfono móvil han sido asegurados en la búsqueda de pistas útiles para la autoridad.

Y se analizan a detalle todos los contratos y licitaciones que Novartis y Stendhal han mantenido con el IMSS durante los últimos años.

Colaboraremos: Novartis
Entrevistado por swissinfo.ch, Eric Althoff, portavoz de Novartis en Suiza, afirmó que “el grupo se encuentra preocupado por las acusaciones que han sido manejadas por la prensa (mexicana) y por los cuestionamientos que recaen sobre la ética de las actividades del grupo”.

Añadió que Novartis cooperará con el gobierno del país latinoamericano durante la investigación y asumirá toda obligación o responsabilidad derivada del caso.

El jueves por la noche (11.11), Héctor Acosta, Director del órgano contralor interno del IMSS, recordó que la Ley de Adquisiciones vigente en México contempla la aplicación de “sanciones, multas e inhabilitaciones para los proveedores que incurran en irregularidades al participar en licitaciones públicas”.

Althoff afirmó que Novartis declina responder de forma directa toda imputación reportada por los medios de comunicación que forme parte ya de algún proceso de investigación interna o litigio.

Según sus palabras, el grupo cuenta con estándares éticos y legales estrictos que deben ser tomados con gran seriedad por los empleados. “Cada uno de los trabajadores de Novartis sabe que está obligado a adherirse a su Código de Conducta interno”, dijo.

Por ello, toda imputación que reciba Novartis sobre posibles violaciones a este código es tomada con toda seriedad, e investigada con objeto de derivar una toma de decisiones cuando esto sea necesario.

El gran proveedor
El escándalo detonado por Novartis en México va mucho más allá de la controvertida licitación del 11.11.

El IMSS es el primer proveedor de servicios de salud en México, con un total de 50 millones de usuarios en este país.

Y es también una institución cuyo presupuesto para adquisición de bienes y suministros bordea los 2.000 millones de francos suizos anuales, presupuesto que incluye la adquisición de medicamentos.

La posibilidad de que funcionarios del IMSS reciban sobornos de hasta 5% del monto de los contratos de licitación detona un conflicto político interno en México, ya que el IMSS es simultáneamente una institución que adolece de viabilidad financiera.

Tiene asegurado el presupuesto para operar en 2011 y 2012, pero su futuro financiero es mucho más incierto a partir del 2013.

Una larga investigación
Daniel Karam, Director del IMSS, confirmó que la licitación en controversia quedó suspendida hasta nuevo aviso.

Y destacó que “la denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) deslindará las responsabilidades correspondientes”.

Tanto la izquierda del PRD, como la centro-derecha del PRI, opositores al partido conservador PAN en el poder, han solicitado que Daniel Karam comparezca ante el Poder Legislativo para rendir cuentas y explicar cómo una institución en riesgo de quebranto financiero consiente actos de corrupción en sus licitaciones de medicamentos.

Por su parte, Novartis confirma que seguirá operando normalmente en México mientras las autoridades dan curso a los trabajos de investigación.

Andrea Ornelas, swissinfo.ch
 
DATOS CLAVE
Novartis tiene presencia en 140 países y cuenta con una plantilla de 98.000 empleados.

En México, el IMSS administra 1.516 clínicas de atención médica para las familias; 115 hospitales generales; 41 hospitales de especialidades; y 7 centros médicos nacionales.

El IMSS atiende a 50 millones de asegurados en México, alrededor de 50% de su población total.

CONTEXTO
La farmacéutica suiza Novartis es producto de la fusión de Ciba-Geigy y Sandoz Laboratorios en 1996. Su sede se encuentra en Basilea y se especializa en soluciones sanitarias, producción y comercialización de medicamentos.

El caso Novartis-IMSS está en pleno proceso de investigación por parte de las autoridades mexicanas. Sin embargo, de confirmarse conductas delictivas –bajo la tipificación de cohecho-, los involucrados podrían hacerse merecedores a penas de presión de hasta 14 años.

CÓDIGO DE CONDUCTA DE NOVARTIS
El Artículo 5 del Código de Conducta de Novartis cita a la letra:

“Nadie, ni una persona, ni una entidad, ni una empresa que tengan
relación con un empleado de Novartis, podrá beneficiarse indebidamente
de Novartis por medio de tal empleado o como consecuencia del cargo
de dicho empleado en la Compañía. Además, ningún empleado podrá
beneficiarse personalmente de manera indebida.

“Se deberá evitar toda situación que pueda representar conflictos entre las
responsabilidades de un empleado en Novartis y sus intereses personales.
“No obstante, ocasionalmente pueden surgir conflictos de intereses o situaciones
parecidas. Si se presentara una de estas situaciones, la comunicación entre empleador y empleado es de suma importancia y ambas partes deberán intentar resolver el asunto de buena fe”.

Por Andrea Ornelas, swissinfo.ch (12 Nov. 2010)

Medicinas falsas matan a un millón de personas al año

La región de Europa central y oriental afronta “significativos desafíos” para combatir un multimillonario y muchas veces letal tráfico de medicinas adulteradas, alertaron expertos.

La región ha sido identificada como una ruta clave en el comercio ilícito de esos fármacos, que crece rápidamente.

Cada año son contrabandeadas millones de tabletas y drogas adulteradas, algunas conteniendo elementos letales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 50 por ciento de los medicamentos que se venden por Internet son falsos.

Si bien algunos países de Europa oriental han adoptado severas leyes y procedimientos para combatir a los contrabandistas, se sospecha que grupos delictivos de la región estarían trabajando con bandas internacionales para ingresar los productos falsos a través de otras entradas de la Unión Europea (UE).

“Se ha visto que hay personas en los países miembros de la UE en Europa central y oriental trabajando con bandas organizadas en países vecinos para traer medicamentos fraudulentos”, dijo a IPS Gabriel Turcu, de la organización europea contra la falsificación REACT.

“Este es un significativo desafío para la región”.

Se estima que la industria de medicamentos falsificados genera decenas de miles de millones de euros al año para las bandas delictivas, y crece en forma acelerada.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que este año el mercado ilegal de fármacos falsos proveerá más de 75.000 millones de euros en ingresos para los contrabandistas, un aumento de 92 por ciento respecto de 2005.

Fuerzas policiales señalan que los medicamentos adulterados, a veces tan bien preparados y empaquetados que pueden engañar incluso a profesionales de la salud, son despachados en los mismos cargamentos ilegales con narcóticos. Las bandas luego los venden a mayoristas inescrupulosos o directamente al público vía Internet.

Expertos en salud estiman que las medicinas falsas causan más de un millón de muertes al año, y la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que contribuyen a generar en el organismo resistencia a los verdaderos fármacos.

Kristian Bartholin, quien trabaja en la redacción de una convención del Consejo de Europa (organización regional de 47 países) sobre medicamentos falsificados, dijo a IPS: “Este comercio es potencialmente letal, y la situación en general es probablemente peor de la que pensamos”.

“Gran parte del comercio se lleva a cabo vía Internet. Hay muchas áreas negras involucradas, donde es difícil tener información clara”, añadió.

Se sospecha que India y China son la principal fuente de las falsificaciones, y oficiales de aduana en Europa central y oriental han dicho que estas llegan por las mismas rutas usadas para en el tráfico de personas y narcóticos: los Balcanes.

La falta de recursos y los bajos sueldos que alimentan los altos niveles de corrupción entre funcionarios de aduana han sido identificados como los factores que permiten el accionar de bandas criminales en las porosas fronteras de la región.

Aunque esas fronteras han sido fortalecidas después del acceso de los países de Europa oriental a la UE en 2004 y 2007, todavía hay temor de que los contrabandistas puedan explotar la debilidad en algunos controles.

Steven Allen, director de seguridad global en la gigante farmacéutica Pfizer, dijo a IPS: “Los países (de Europa oriental) tienen, en general, una gran libertad de movimiento entre ellos, así como con otros países vecinos. Esto supone desafíos para seguir de cerca el movimiento de cualquier artículo”.

“También vale la pena recordar que el tema de las falsificaciones no se relaciona solo con ‘contrabandear’. Es posible que las falsificaciones sean fabricadas casi en cualquier lugar, incluyendo Europa oriental”, señaló.

Pfizer presentó un informe a comienzos de este año señalando que el mercado de los medicamentos falsos en Europa llegaba a los 10.500 millones de euros al año. Habitantes de Alemania e Italia gastaron 3.600 millones y 2.700 millones de euros respectivamente en fármacos adulterados.

Funcionarios de la UE dijeron que, en un periodo de dos meses el año pasado, fueron incautadas 34 millones de tabletas falsas por parte de funcionarios de aduana, mientras que el Consejo de Europa señaló que, en algunas partes del continente, los fármacos adulterados constituían entre seis y 20 por ciento del mercado.

La conciencia pública de los riesgos que suponen es también baja, según la investigación.

“Una encuesta realizada por nosotros demostró que una de cada cinco personas en Europa occidental no tenían problemas para comprar medicamentos sin receta y no eran conscientes de los potenciales peligros. No tenemos detalles sobre los países (de Europa central y oriental), pero creemos que la conciencia es muy similar”, dijo Allen a IPS.

Si bien las penas por tráfico de drogas o de personas son severas, en el caso de las medicinas falsas son más leves. En algunos países, la producción y la venta de fármacos adulterados no son consideradas delito, y en muchos países occidentales no fue sino hasta hace poco que se prohibió.

“Por mucho tiempo era visto como un delito económico o un asunto de violación a los derechos de propiedad intelectual. Esa actitud está cambiando ahora. Por primera vez se considera grave, a veces letal, y por lo tanto muchos países están cambiando su legislación”, dijo Bartholin.

Las naciones de Europa oriental han comenzado a implementar penas más severas para los contrabandistas. En Rumania, por ejemplo, se condenaron a prisión a varios traficantes. Pero expertos legales, productores farmacéuticos y organizaciones internacionales quieren leyes más claras que reflejen la gravedad del delito.
Por Pavol Stracansky , BUCAREST, octubre 2010 (IPS)